INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL

Ciudad de Buenos Aires, 27/03/2023

VISTO la Convención Interamericana contra la Corrupción aprobada por la Ley N° 24.759, la Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción aprobada por la Ley N° 26.097, la Ley N° 19.331 de creación del Instituto Nacional de Acción Mutual, la Ley Orgánica para las asociaciones mutuales N° 20.321, la Ley de Cooperativas N° 20.337, la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública Nº 25.188 y sus normas modificatorias y complementarias, la Ley de Derecho de Acceso a la Información Pública N° 27.275, los Decretos Nº 420 de fecha 15 de abril de 1996, Nº 41 de fecha 27 de enero de 1999, Nº 721 de fecha 25 de agosto del 2000, Nº 1192/02 de fecha 5 de julio de 2002, las Decisiones Administrativas Nº 797 de fecha 17 de septiembre de 2019 y Nº 1302 de fecha 28 de diciembre de 2022, la Resolución N° 16 de fecha 7 de agosto de 2020 de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN y la Resolución N° 3404 de fecha 22 de julio de 2022 y,

CONSIDERANDO:

Que el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMÍA SOCIAL, organismo descentralizado de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, es la autoridad de aplicación del régimen legal aplicable a mutuales y cooperativas, en los términos contemplados en las Leyes N° 19.331, 20.321, 20.337, el Decreto N.º 420/96, sus modificatorios y complementarios.

Que el Decreto N° 721/00 establece, entre las funciones y atribuciones del Directorio, la de evaluar periódicamente el cumplimiento de los planes en ejecución, así como las funciones ordinarias que el Organismo desarrolle, proponiendo las correcciones y adaptaciones que estime necesarias; identificar y evaluar situaciones de orden legal, social, político, económico, organizativo y de cualquier otra índole que fuese necesario modificar para un mejor cumplimiento de los objetivos del INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL.

Que la OFICINA ANTICORRUPCIÓN tiene como función principal el fortalecimiento de la ética y la integridad en la Administración Pública Nacional, a través de la prevención e investigación de la corrupción y la formulación de políticas de transparencia y es la autoridad de aplicación de la Ley de Ética Pública 25.188.

Que la Ley N° 25.188 establece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñen en la función pública cualquiera sea su nivel, jerarquía, modo de ingreso y/o retribución.

Que el Código de Ética Pública aprobado por el Decreto N° 41/99 define un conjunto de principios generales y particulares que rigen la actuación de las y los servidores públicos, en todo aquello que no haya sido modificado por la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.

Que nuestro país al ratificar la CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN por Ley N° 24.759 y la CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, por la Ley N° 26.097, se comprometió a promover y fortalecer el desarrollo de los mecanismos necesarios para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción, promover, facilitar y apoyar la cooperación internacional y la asistencia técnica en la prevención y la lucha contra la corrupción, incluida la recuperación de activos, al igual que promover la integridad, la obligación de rendir cuentas y la debida gestión de los asuntos y los bienes públicos.

Que la Ley N° 27.275, reglamentada por el Decreto N° 206/2017, regula el derecho de acceso a la información pública, a efectos de garantizar su efectivo ejercicio, promoviendo la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública.

Que mediante la Resolución N° 3404/2022 se creó y aprobaron los objetivos del “Programa de integridad y transparencia del INAES” a los efectos de promover el uso de buenas prácticas y una cultura de transparencia e integridad en el ámbito del Instituto.

Que, asimismo, mediante esa misma Resolución se creó la UNIDAD DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA en la órbita de la DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICO ADMINISTRATIVA y se establecieron las acciones que la dependencia podrá llevar adelante a los efectos de cumplir con los objetivos del Programa de Integridad.

Que, a los fines de robustecer el Programa de Integridad del Instituto se entiende conveniente modificar las acciones previstas en el punto 3 del anexo IF-2022-71846321-APN-DGTA#INAES de la resolución N° 3404/2022 de modo de dotar a la UNIDAD DE INTEGRIDAD Y TRANSPARENCIA de amplias funciones y competencias para implementar estrategias de promoción de una cultura de integridad en el Instituto.

Que atento la madurez del Programa de Integridad, se entiende que también resulta necesario disponer que el responsable interno de la Unidad opere asimismo como enlace de integridad ante la OFICINA ANTICORRUPCIÓN.

Que el Servicio Jurídico Permanente ha tomado la intervención de su competencia.

Por ello, y en uso de las facultades conferidas por las Leyes N° 19.331, N° 20.321 y N° 20.337, el Decreto N° 721/00 y la Decisión Administrativa N°1302/2022.

EL DIRECTORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y ECONOMIA SOCIAL

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Sustitúyase el punto 3 del Anexo IF-2022-71846321-APN-DGTA#INAES de la Resolución N° 3404/2022 del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social por lo dispuesto en el Anexo IF-2023-27424358-APN-DGTA#INAES, que forma parte de la presente Resolución.

ARTÍCULO 2. Dispóngase que el Responsable de la Unidad de Integridad y Transparencia actuará como enlace ante la Oficina Anticorrupción.

ARTÍCULO 3. Déjase establecido que la presente no implica cambios en la estructura orgánica funcional ni asignación de recursos extraordinarios

ARTÍCULO 4º. Comuníquese, notifíquese a la Oficina Anticorrupción, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y cumplido archívese.

Fabian Brown - Zaida Chmaruk - Ariel Guarco - Nahum Mirad - Alejandro Russo - Elbio Nestor Laucirica - Alexandre Roig

NOTA: El/los Anexo/s que integra/n este(a) Resolución se publican en la edición web del BORA -www.boletinoficial.gob.ar-

e. 30/03/2023 N° 20778/23 v. 30/03/2023